En las últimas semanas, se dio a conocer la adjudicación de la administración de la Hidrovía del Río Paraná a la empresa belga Jan de Nul y a la firma nacional Servimagnus. Enzo Culasso, abogado especialista en Derecho Ambiental, analizó todos los pormenores que provocará la nueva administración en la sociedad, las comunidades lindantes y el ecosistema.
“Esto es una re-privatización, ya que cambiaron los socios locales. Se da una ausencia de estudio de impacto ambiental, la licitación está adjudicada y lo que busca es llevar una profundidad a 44 pies, tres metros más de profundidad para que ingresen buques de ultramar para que completen sus bodegas. Quieren fabricar una autopista en el río y no hay un estudio actualizado que informe las consecuencias que puede traer a la población”, inició Culasso.
“El río viene de sufrir una bajante histórica y los ecosistemas son fundamentales para aliviar el cambio climático. Los impactos son múltiples y no intervino ningún organismo ni provincia”, añadió el especialista. La cuenca atraviesa a Misiones, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.
“La empresa que estuvo desde los 90’ se llama ENEPA y ahora es SERRIMAGNUS, que es parte del círculo del Gobierno Nacional, lo que da la pauta de cómo se perfila el negocio que le da vía libre a ingenieros de Estados Unidos para estudiar las condiciones de la cuenca”.
“Nosotros no sabemos lo que entra y sale de los puertos, que son privados. Se exporta soja, proteínas y minerales y el 97% de los barcos son de bandera extranjera”.
Y argumentó que “las empresas quieren maximizar las ganancias, no piensan en las comunidades y el uso del agua. Para ellos es más fácil pagar una coima”.
Desde su lugar, confió: “Iniciamos una campaña que agrupa a sindicatos, productores, gremios, donde venimos reclamando sobre este crimen ambiental y social”.
Y respecto a la atención de debe un gobierno para intervenir pensando en la población, expresó: “Tienen que tener voluntad política, ningún gobierno derogó las leyes y lo pagamos todos”.
Sobre el final, ante la pregunta de cómo procedería para pronunciarse ante las empresas, dijo: “Juntaría todos los documentos de los organismos públicos que denuncian este proceso licitatorio. Además, argumentaría que las provincias no participaron y son propietarias del lecho del río. El agua es un derecho fundamental que es parte de todo el pueblo argentino”.
