En la tarde de este viernes, el gobierno municipal emitió un comunicado dando a conocer detalles del decreto que lleva la firma del intendente Gustavo Arrieta. El titular del ejecutivo insta a su equipo a un "Cumplimiento Estricto de la presentación de una Declaración Jurada que informe de manera detallada operaciones dadas en el distrito de Cañuelas, sobre aprobación de planos para usucapir, compra o venta de cesiones de derechos posesorios, procesos judiciales de usucapión o prescripciones adquisitivas, posesiones actuales de lotes de terreno o campos y detalle de comercializaciones de lote/s o loteos".

La medida alcanza a "funcionarios con rango de directores, directores generales, coordinadores, subsecretarios, secretarios, Juez de Faltas e Intendente”.

En otro punto, el decreto invita "al Honorable Concejo Deliberante (concejales) a adherir, suscribir o sancionar una medida similar al tenor del presente con la intención de abarcar todos los poderes del Estado Municipal y llevar total transparencia a la comunidad toda”.

La medida surge a partir de hechos que han circulado de manera pública a través de diversos medios de comunicación, pero fundamentalmente de solicitudes, reclamos y notificaciones de numerosos vecinos en torno a la ocupación de terrenos.

"El Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto iniciar la puesta en marcha de una serie de dispositivos y herramientas legales, con el claro objetivo de transparentar el accionar y la responsabilidad de funcionarios y miembros de los distintos poderes", señalaron.

Fuentes del gobierno informaron que "motiva la medida una importante cantidad de notificaciones recibidas de parte de vecinos de diversos barrios y localidades que informaron y/o alertaron al Ejecutivo sobre la ocupación de terrenos" y han solicitado que el Estado informe "si se tiene conocimiento sobre prescripciones administrativas o judiciales (en esta o cualquier gestión anterior) vinculadas a tierras de privados o públicas valiéndose de información privilegiada".

Por otro lado, respondiendo a un artículo periodístico, el funcionario Luciano Soto ha solicitado que se inicie una investigación administrativa con el objeto de deslindar o confirmar responsabilidades en la adquisición de un terreno en el año 1996,