En la madrugada de este domingo, la policía de Cañuelas y la subsecretaría de Control Urbano Municipal llevaron a cabo una inspección en una casa quinta del barrio Los Aromos, a partir de denuncias de vecinos que alertaron sobre la realización de una fiesta clandestina, violando las disposiciones del DNU Presidencial que establece las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de COVID-19.

La inspección se llevó a cabo en una casa quinta particular ubicada en las calles Ecuador y San Juan que no se encuentra habilitada para la realización de eventos, y donde se constató la presencia de al menos una veintena de personas que resultaron identificadas y deberán comparecer ante el juzgado correspondiente en el marco del inicio de una causa por la violación del DNU.

Al llegar al lugar, la policía distinguió a siete personas que estaban generando “disturbios y alterando el orden del vecindario” en la puerta de la finca, señalaron voceros oficiales. Los revoltosos fueron identificados como Roberto Sandro Cirmaroza (48 años, de Lomas de Mirador), señalado como el organizador de la fiesta; Alejandra María Mendoza (30, de Cañuelas), Aylen Eugenia (22, de Cañuelas), Germán Ariel Estévez (30, de Lomas del Mirador), Rodrigo Orellano (27, de Cañuelas), Eliana Gómez (30 años, de La Tablada) y Ramiro Narmona (25, de Cuidadela).

Al revisar las instalaciones de la quinta encontraron doce personas más escondidos dentro del inmueble donde se desarrollaba la reunión. Dichos concurrentes fueron reconocidos como Facundo Silvero (25, de San Isidro), Marianela Moreyra (25, de La Tablada), Ludmila David Cascallana (26, de Lomas del Mirador), Daniel Hernán Ariata (36, de Tigre), Roberto David Andrés (26, de Lomas del Mirador), Lucas Padrón (24, de Capital Federal), Gustavo Coronel (23, de Lomas de Mirador), Leonardo Cimarosa (24, de La Tablada), Carlos Javier Avad (23, de Lomas del Mirador), Kevin Nahuel Sali Noe (23, de Villa Madero), Lázaro Chávez Avad (23, Lomas del Mirador) y Juan Pablo López (23, de Lomas del Mirador).

Mediante la participación de personal policial, siete personas resultaron trasladadas a la comisaría. Todos deberán responder ante las autoridades de la Justicia Federal, acorde a la violación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20 y siguientes del Poder Ejecutivo Nacional, y por el Artículo 205º del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de seis meses a dos años, al que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

En tanto, los propietarios del inmueble deberán comparecer a su vez ante la Justicia de Faltas, que en estos casos prevé multas de hasta 123.000 pesos.